Desde tiempos de Magdalena Álvarez en el Ministerio de Fomento ha estado sobre la mesa de los máximos responsables de este departamento la posibilidad de cobrar por circular en las autovías libres de peaje. Es lo que eufemísticamente se conoce como la tarificación de las infraestructuras y consiste en evolucionar del modelo actual, en el que la mayor parte de las inversiones se financian con impuestos, por otro en el que sean los usuarios de las vías los que sufraguen con los peajes su construcción y mantenimiento.
Responsables de Fomento y Hacienda han empezado a diseñar un mecanismo capaz de hacer compatible el cobro de peajes baratos (en este caso no hay que amortizar el coste de construcción), cuya recaudación permita seguir conservando la red en buen estado, con mantener la paz con el sector del transporte pesado. La medida conlleva una serie de inversiones de carácter técnico, como es la instalación de un sistema de dispositivos en las distintas autovías que no podría estar operativo antes de un año. Además de recaudar dinero suficiente como para no descuidar la conservación y mantenimiento de estas carreteras (Fomento ha presupuestado para este año 873 millones cuando el sector privado estima su coste en 1.400 millones), el proyecto de cobrar peajes en las autovías está pensado para tapar otro agujero.
Rescatar a las concesionarias
Al Gobierno le preocupa la posible quiebra de una decena de concesionarias, con una deuda acumulada de 4.000 millones, afectadas por el desplome de sus tráficos y los sobrecostes de construcción.
La responsabilidad patrimonial de la administración haría a Fomento titular de la deuda bancaria en caso de insolvencia. Las autopistas -participadas por las mayores constructoras del país- demandan el reequilibrio económico para refinanciar la citada deuda.
Normativa europea
La transposición de la directiva europea conocida como Euroviñeta (el pago de un peaje por circular por las principales autovías transeuropeas que se aplica en exclusiva al tráfico pesado por su mayor contaminación y desgaste de la carretera) supondría ingresos anuales para el Estado de 3.000 millones de euros anuales.
Las mayores constructoras del país, a través de la patronal Seopan, lanzaron el año pasado una propuesta por la que el Gobierno podría disponer de 1.800 millones al año cobrando en las autovías a vehículos pesados (10 céntimos por kilómetro) y ligeros (4,5 céntimos por kilómetro), pero solo en los trayectos de largo recorrido. Otros cálculos elevan esa recaudación hasta los 3.000 millones de euros anuales.
La implantación de peajes acallaría también la polémica territorial generalizando el pago por uso en las carreteras, especialmente en áreas como Cataluña, Murcia o Galicia. γ
